A dos meses del cierre de la hilandería Emilio Alal en Goya, el conflicto laboral continúa sin resolverse y con un escenario cada vez más tenso. La situación se agravó en los últimos días tras una decisión judicial que impone una restricción perimetral de 200 metros alrededor de las viviendas de los propietarios, medida que busca limitar las manifestaciones en las inmediaciones de esos domicilios.
El conflicto involucra a alrededor de 260 familias que aún esperan el cobro de indemnizaciones y salarios adeudados, lo que mantiene vigente el reclamo de los extrabajadores. En este contexto, las protestas se han concentrado frente a la residencia de la familia vinculada a la empresa, generando un clima de alta tensión social.
A raíz de esta situación, la Justicia dispuso una medida cautelar con una vigencia de 180 días, dirigida específicamente a un grupo de aproximadamente 12 exempleados, entre ellos delegados sindicales. Esta resolución establece que las manifestaciones no podrán realizarse dentro del perímetro fijado, lo que representa un cambio significativo en la dinámica del reclamo.
Desde el sector de los trabajadores afectados, la decisión fue recibida con preocupación. Consideran que la medida limita su derecho a protestar y visibilizar su situación, y sostienen que está basada en acusaciones de presuntos hechos de vandalismo que, según afirman, no han sido debidamente comprobados. Esta postura refleja el malestar creciente entre quienes aún aguardan una solución concreta a su situación laboral.
Mientras tanto, la incertidumbre económica sigue profundizándose para las familias involucradas, que dependen de una respuesta que aún no llega. El conflicto, lejos de encaminarse hacia una resolución, continúa escalando y suma nuevos elementos judiciales que complejizan aún más el panorama, en un contexto donde el diálogo y las definiciones siguen siendo claves para destrabar la situación.
