La Cámara Contencioso Administrativo Federal emitió un fallo de alto impacto institucional al confirmar que el Gobierno nacional está obligado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, lo que implica actualizar salarios docentes, becas estudiantiles y programas de investigación en todo el sistema de educación superior.
La resolución fue adoptada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, quienes hicieron lugar a la presentación judicial impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a distintas universidades del país. En su argumentación, los magistrados destacaron que la Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso de la Nación y posteriormente ratificada con una mayoría agravada de dos tercios, incluso luego de haber sido objetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo.
En este contexto, el tribunal puso el foco en un aspecto clave del conflicto: la decisión del Ejecutivo de suspender la aplicación de la norma basándose en otra legislación previa. Frente a esto, los jueces plantearon un interrogante central sobre la validez de esa medida y concluyeron que no resulta jurídicamente válido que una ley vigente del Congreso sea dejada sin efecto mediante la invocación de otra norma de igual jerarquía.
De esta manera, el fallo establece un criterio contundente al remarcar que todas las leyes sancionadas por el Congreso poseen la misma jerarquía normativa, por lo que ninguna puede prevalecer sobre otra sin un proceso legislativo correspondiente. En ese sentido, subrayaron que la Ley de Administración Financiera no tiene un rango superior que le permita suspender la vigencia de una ley específica como la de financiamiento universitario.
La decisión judicial representa un respaldo significativo para el sistema universitario argentino, ya que refuerza la obligación del Estado de garantizar los recursos necesarios para su funcionamiento. Además, el fallo marca un precedente relevante en términos institucionales, al reafirmar el rol del Congreso como órgano legislativo y la necesidad de respetar las leyes sancionadas, consolidando así el principio de división de poderes y el cumplimiento efectivo del marco legal vigente.
