La empresa Las Marías, una de las principales productoras de yerba mate y té con sede en Gobernador Virasoro, inició una acción judicial contra el gobierno de Misiones en el marco de un conflicto que gira en torno a la legalidad de los anticipos del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) aplicados por esa provincia.
El planteo de la firma cuestiona un sistema impositivo que, según argumenta, impone retenciones, percepciones y pagos adelantados de manera excesiva, a través de resoluciones de la Agencia Tributaria de Misiones. Este esquema, al que muchos sectores denominan como una “aduana paralela”, viene siendo objeto de críticas por su impacto en la actividad económica.
De acuerdo a la documentación presentada en la causa, la empresa sostiene que mensualmente se le retienen alrededor de $333 millones, mientras que su obligación real promedio por el impuesto es de apenas $2 millones. Esta diferencia representa un incremento desproporcionado superior al 17.000%, lo que evidencia, según la firma, una carga fiscal completamente distorsiva.
Además, al sumar otros mecanismos como anticipos sobre mercaderías ingresadas, retenciones a clientes y percepciones específicas a plantas industriales, el monto total de pagos a cuenta asciende a unos $598 millones mensuales, lo que equivale a más de $7.000 millones anuales. Frente a esto, la obligación tributaria efectiva ronda los $23 millones, lo que implica que la empresa estaría abonando el equivalente a 307 años de impuestos por adelantado, una cifra que incluso supera ampliamente su propio plazo estatutario de existencia.
En su presentación judicial, Las Marías también advirtió que esta situación ha frenado inversiones clave en Corrientes, afectando proyectos productivos vinculados al crecimiento de la actividad yerbatera. La empresa argumenta que este régimen genera incertidumbre económica y limita la planificación a mediano y largo plazo.
En este contexto, el Gobierno de Corrientes decidió intervenir en la causa como tercero interesado, respaldando el reclamo de la firma. Desde la provincia sostienen que la política tributaria de Misiones impacta negativamente en su autonomía, en el desarrollo productivo y en la generación de empleo, además de afectar las expectativas de inversión privada.
En cuanto al estado del proceso, la causa ha atravesado distintas instancias judiciales. Inicialmente, se había dictado una medida cautelar que suspendía el cobro, pero posteriormente fue dejada sin efecto tras un conflicto de competencia entre tribunales. Actualmente, el caso se encuentra en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que la Procuración General considerara que se trata de un litigio entre provincias que requiere una resolución de máxima instancia.
El desenlace de este conflicto será clave, ya que no solo definirá la situación de la empresa demandante, sino que también podría sentar un precedente sobre los límites de los regímenes tributarios provinciales y su impacto en la actividad económica regional.
