“Los animales comenzaron a morir”. Con esa frase, el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), Carlos Roldán, describió la delicada situación que atraviesa la entidad tras el operativo judicial que desarticuló una organización dedicada al robo, faena y venta ilegal de ganado en la localidad de La Cruz, al sur de la provincia.
Luego de los allanamientos, las vacas incautadas fueron trasladadas al predio de la Sociedad Rural local, donde permanecen a la espera de una resolución judicial que determine su destino definitivo. La causa está a cargo del fiscal Facundo Sotelo. Según explicó Roldán, la intención era que los animales fueran derivados a un campo con pasturas para garantizar su alimentación, pero la falta de una orden precisa impidió concretar el traslado. Mientras tanto, la hacienda comenzó a deteriorarse por la escasez de comida.
La investigación se inició a principios de enero, cuando se interceptó un camión jaula que transportaba 20 cabezas con documentación irregular. A partir de ese procedimiento se realizaron varios allanamientos que permitieron recuperar cerca de 250 animales, entre vacas, novillos y terneros. La causa dejó tres personas detenidas con prisión preventiva, un prófugo y dos mujeres vinculadas a la investigación.
De ese total, 65 animales ya fueron restituidos a sus dueños, quienes acreditaron la propiedad. Sin embargo, 198 quedaron bajo resguardo en la Sociedad Rural de La Cruz porque no pudieron identificarse correctamente: algunos tenían marcas ilegibles, otros superpuestas y varios carecían de señal alguna, lo que en el ámbito rural se conoce como “orejanos”.
La ASRC gestionó ante el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) la posibilidad de trasladar la hacienda no reclamada a un campo ubicado en Santo Tomé, un predio recuperado del narcotráfico, donde podrían alimentarse hasta que la Justicia defina su situación. Si bien el fiscal autorizó el traslado, no especificó el lugar de destino, lo que dejó a la entidad en un vacío legal.
En este contexto, la Sociedad Rural afrontó más de cuatro millones de pesos en fletes y alrededor de dos millones en alimentación durante la primera semana. Sin recursos para sostener esos costos y sin apoyo de organismos oficiales, la situación se agravó. Según Roldán, ya murieron al menos 12 animales y el resto presenta un estado corporal crítico.
Además del impacto sanitario, la presencia de esta hacienda impide realizar remates mensuales, principal fuente de ingresos de la entidad, ya que el Senasa no habilita subastas cuando hay animales alojados en el predio. En paralelo, se anunció la creación de una fiscalía rural en Paso de los Libres para atender delitos de abigeato en la región, una zona donde más de 45 productores resultaron afectados por robos de ganado, especialmente en áreas cercanas al río Uruguay.
