El Gobierno de la Provincia dispuso una nueva entrega de módulos alimentarios destinados a los ex empleados de la firma Emilio Alal, luego del cierre definitivo de su planta industrial en la ciudad de Goya ocurrido en enero. La asistencia fue canalizada a través del Ministerio de Desarrollo Social, en coordinación con la Municipalidad local, y tiene como finalidad brindar un alivio inmediato a las familias afectadas mientras se aguarda una resolución judicial y laboral que permita destrabar el conflicto de fondo.
Cabe recordar que una primera ayuda se había concretado el pasado 10 de febrero, cuando los trabajadores despedidos expusieron públicamente la difícil situación económica que atraviesan tras haber quedado sin empleo y sin percibir las indemnizaciones correspondientes. Ante ese escenario, las autoridades provinciales decidieron reforzar el acompañamiento.
Desde el Ejecutivo indicaron que esta nueva partida se otorgó por expresa instrucción del gobernador Juan Pablo Valdés, articulando acciones con el intendente Mariano Hormaechea. La medida alcanza a unos 260 operarios que quedaron desvinculados de la planta textil dedicada a la producción de hilados y telas.
El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, señaló que el contexto es sumamente delicado y remarcó que el Estado no puede permanecer ajeno frente a una problemática de esta magnitud. En ese sentido, explicó que además de la ayuda alimentaria, se implementaron otros beneficios, como la exención temporal del pago de la energía eléctrica para los trabajadores afectados, hasta tanto se logre una solución definitiva.
Asimismo, adelantó que se realizará un seguimiento constante de cada grupo familiar para evaluar nuevas asistencias en caso de ser necesarias. Paralelamente, desde el Ministerio de Industria continúan las gestiones orientadas a encontrar alternativas que faciliten el cumplimiento total de las indemnizaciones reclamadas.
El cierre de la empresa fue anunciado el 28 de enero, cuando la firma argumentó que la continuidad de sus actividades resultaba inviable en el actual contexto económico. La decisión tuvo un fuerte impacto en la economía de Goya, dado que se trataba de una de las principales fuentes de empleo industrial, con incidencia directa también en rubros como el transporte, el comercio y los servicios.
Días atrás, el Juzgado Laboral local ordenó el depósito del 50% de las indemnizaciones adeudadas, aunque el conflicto judicial continúa por el porcentaje restante. Mientras tanto, los ex trabajadores mantienen sus reclamos mediante distintas manifestaciones públicas, solicitando una pronta solución que les permita afrontar sus obligaciones y sostener a sus familias. En este marco, la asistencia oficial busca amortiguar las consecuencias sociales derivadas de los despidos hasta que el proceso legal llegue a su desenlace.
