En medio de un escenario económico adverso, caracterizado por la disminución real de los recursos y una retracción de la actividad, la provincia de Corrientes continúa posicionándose como la jurisdicción con el salario docente inicial más elevado del NEA. Durante el año 2025, el sector registró una recomposición salarial acumulada del 35% en términos de bolsillo, superando el índice inflacionario del mismo período, que alcanzó el 31,5%. Este diferencial permitió una recuperación del poder adquisitivo por encima del aumento general de precios.
De acuerdo con cifras oficiales, el sueldo mínimo para un docente sin antigüedad ni asignaciones familiares —cargo testigo— supera los 909 mil pesos en la provincia. En comparación regional, los ingresos iniciales en Formosa rondan los 880 mil pesos, en Chaco se ubican cerca de los 802 mil y en Misiones alcanzan aproximadamente los 630 mil pesos, lo que consolida a Corrientes al tope del ranking regional.
El Gobierno provincial anunció además que en marzo se aplicarán nuevos incrementos salariales, en el marco de las conversaciones que mantiene con los gremios docentes. Esta medida forma parte de una política sostenida orientada a proteger el ingreso de los trabajadores públicos, tanto activos como jubilados y pensionados. Asimismo, se remarcó que el pago de haberes se efectúa regularmente durante los últimos cinco días hábiles de cada mes.
El contexto financiero no está exento de dificultades. En los primeros dos meses del año, los recursos coparticipables registraron una caída real acumulada del 10%, con una baja del 6% en enero y una estimación del 4% para febrero. Dado que el 85% de los ingresos provinciales dependen de la coparticipación federal, esta situación impacta directamente en la planificación presupuestaria. A ello se suman reclamos por fondos nacionales adeudados vinculados a acuerdos fiscales y previsionales.
A pesar de este panorama, la Provincia sostiene el equilibrio fiscal, evita el endeudamiento de corto plazo y garantiza el cumplimiento salarial. Además, mantiene su propio sistema jubilatorio a través del Instituto de Previsión Social, aplicando los mismos aumentos otorgados a los activos también a jubilados y pensionados, reafirmando como prioridad la defensa del salario real y la sustentabilidad financiera.
