En una jornada parlamentaria que se extendió por varias horas y estuvo marcada por fuertes cruces, incidentes y protestas en las calles, el oficialismo consiguió la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. El debate se desarrolló mientras se realizaban movilizaciones en distintos puntos del país y en el contexto de un paro general convocado por la CGT. Con media sanción obtenida, el proyecto será girado al Senado para su revisión, especialmente tras las modificaciones introducidas durante el tratamiento.
La votación general arrojó 135 apoyos y 115 rechazos. Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser avalada por la Cámara alta, sobre todo luego de que se eliminara el artículo 44, que contemplaba una reducción salarial en casos de accidentes o enfermedades no vinculadas al ámbito laboral.
El respaldo provino de bloques como La Libertad Avanza, Unión Cívica Radical, PRO y otras bancadas provinciales. En contrapartida, votaron en contra Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y diversos monobloques.
Durante el tratamiento en particular, el oficialismo logró aprobar los 26 títulos y 218 artículos que integran la norma, incluyendo puntos controvertidos como los cambios en indemnizaciones, la regulación del Fondo de Asistencia Laboral, modificaciones en convenios colectivos y restricciones al derecho de huelga. También se incorporan disposiciones que impactan en estatutos profesionales y en el financiamiento de organismos culturales.
El debate tuvo momentos de alta tensión, especialmente cuando se cuestionó el método de votación utilizado por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Legisladores opositores denunciaron irregularidades y protagonizaron fuertes discusiones en el recinto. Asimismo, se produjeron acusaciones cruzadas entre distintos bloques respecto al quórum y a supuestos acuerdos políticos.
Entre las voces más críticas estuvieron referentes sindicales y diputados opositores que advirtieron sobre posibles planteos de inconstitucionalidad y un eventual aumento de la conflictividad judicial. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la reforma como una herramienta necesaria para reducir la informalidad laboral y modernizar un sistema que, según argumentaron, dificulta la generación de empleo formal.
Ahora, el proyecto continuará su recorrido legislativo en el Senado, donde se anticipa un nuevo capítulo de un debate que promete mantener alta la temperatura política.
