La determinación de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) de realizar un paro general sin movilización el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral —previsto, en principio, para el jueves— provocó cuestionamientos y una rápida reacción de distintos gremios, que optaron por convocar a una protesta propia frente al Congreso.
El espacio que tomó la iniciativa fue el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por organizaciones como la UOM, Aceiteros, Pilotos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y las dos CTA. Bajo la consigna de rechazar la reforma en las calles, confirmaron una concentración en la Plaza del Congreso y anunciaron que brindarán una conferencia de prensa en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo antes de iniciar la movilización, con réplicas en distintos puntos del país. En un comunicado, llamaron a construir la mayor unidad posible entre sectores sindicales, sociales y productivos para frenar la iniciativa.
En paralelo, la CGT convocó a una conferencia de prensa para explicar los motivos de su estrategia. Mientras tanto, el Gobierno nacional —encabezado por Javier Milei— advirtió que descontará el día a los empleados estatales que adhieran a la huelga, aun cuando los gremios del transporte ya confirmaron su adhesión, lo que afectaría la movilidad.
Desde ATE, su referente Rodolfo Aguiar defendió la legalidad de la medida y remarcó que el derecho a huelga está garantizado por la Constitución. Por su parte, el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) inició un paro de 48 horas en rechazo a artículos que, según denuncian, excluirían al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo. Su secretario general, Mariano Vilar, sostuvo que la reforma implicaría un retroceso en derechos laborales y afectaría al sector marítimo y al comercio exterior.
