Los trabajadores despedidos de la empresa textil Alal comenzaron este martes por la mañana una serie de protestas con cortes de tránsito sobre las rutas nacionales 12 y 27, a la altura de la ciudad de Goya, como medida de fuerza para exigir el pago total de las indemnizaciones que, aseguran, la firma aún les adeuda. En total, son alrededor de 260 empleados los que quedaron sin su fuente laboral tras el cierre definitivo de la histórica industria local, una situación que, según manifestaron, se vio agravada por el actual contexto económico y la política nacional de apertura de importaciones.
La protesta se inició poco después de las 7 de la mañana con la interrupción del viaducto en los accesos estratégicos a la ciudad: sobre la Ruta 12, en el ingreso por avenida Alem, y sobre la Ruta 27, que conecta Goya con las localidades de Santa Lucía y Lavalle. En un primer momento, los cortes se realizan de manera intermitente, habilitando el paso por turnos en cada carril, aunque los manifestantes no descartan avanzar hacia un bloqueo total si no obtienen respuestas concretas.
Diego González, delegado gremial de los trabajadores, explicó que el reclamo central es el pago de las indemnizaciones conforme a lo que establece la ley. Señaló además que el único canal de diálogo que mantienen actualmente es con los abogados de la empresa, ya que nunca pudieron entablar una conversación directa con los propietarios de la firma.
“El objetivo de esta medida es visibilizar la situación desesperante que estamos atravesando y lograr que los responsables políticos reaccionen”, expresó González, quien remarcó que hasta el momento no han recibido soluciones. Según indicó, en una carta documento la empresa mencionó la posibilidad de abonar solo el 50% de las indemnizaciones, pero ese dinero nunca fue depositado. “Hay compañeros que ya no tienen recursos ni siquiera para cubrir necesidades básicas”, afirmó.
Finalmente, el delegado reconoció que, a título personal, no cree que la hilandería vuelva a reabrir sus puertas. Mientras tanto, los trabajadores sostienen el reclamo y exigen el pago del 100% de las indemnizaciones que consideran un derecho irrenunciable tras años de trabajo.
