El Gobierno nacional inició un proceso de evaluación del planteo realizado por distintas provincias en relación con el impuesto a las Ganancias, en el contexto de las negociaciones políticas que rodean las reformas que el oficialismo busca impulsar durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación. La discusión se da en un escenario de fuerte sensibilidad fiscal, donde cualquier modificación tributaria genera impacto directo tanto en las cuentas nacionales como en los recursos que reciben los distritos a través del sistema de coparticipación.
En ese marco, se prevé una reunión clave con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, donde el tema Ganancias ocupará un lugar central en la agenda, debido a las implicancias que podría tener para el equilibrio financiero provincial. El debate fue abordado este lunes en la Casa Rosada, durante un encuentro de la mesa política de La Libertad Avanza, en el que se analizó el panorama legislativo y se escucharon los reclamos de los mandatarios provinciales sobre el esquema impositivo aplicado a las empresas.
Dado que cualquier cambio en el tributo impacta de lleno en el presupuesto nacional y en los fondos coparticipables, participó también el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. La propuesta oficial contempla una reducción de las alícuotas del impuesto a las sociedades, con una baja del 30% al 27% y del 35% al 31,5% para los tramos más elevados.
Desde las provincias advierten que estas modificaciones podrían traducirse en una merma significativa de ingresos, especialmente en un contexto de recaudación en descenso, por lo que reclaman mecanismos de compensación. Este planteo será parte de la agenda que el ministro del Interior, Diego Santilli, continuará desarrollando en sus recorridas por el interior del país.
En el caso de Corrientes, el debate cobra especial relevancia. Santilli tiene previsto mantener un encuentro con Valdés, donde Ganancias será uno de los puntos centrales. Al respecto, el diputado nacional Diógenes González advirtió que se trata del impuesto coparticipable más importante y que una reducción podría significar una pérdida cercana a los 5.000 millones de pesos para la provincia.
Por ahora, desde el Ejecutivo nacional aseguran que no existen alternativas en análisis y que el proyecto mantiene su redacción original. Sin embargo, aclaran que, de aprobarse, la aplicación de la reducción no sería inmediata, sino que quedaría sujeta a la decisión del Ministerio de Economía, en función del contexto macroeconómico.
