En diálogo con el programa radial de Radios Dos, el intendente de Goya se refirió con preocupación al complejo panorama que se abrió tras el anuncio del cierre definitivo de la empresa textil Alal en la ciudad, una decisión que impacta de manera directa en la vida de más de 200 familias. El jefe comunal relató que la noticia se conoció oficialmente a través de un comunicado emitido por la firma alrededor del mediodía del día anterior, lo que generó una profunda sorpresa y conmoción en el ámbito local.
El mandatario destacó la magnitud social del golpe que significa esta determinación para la comunidad goyana, señalando que alrededor de 260 trabajadores y sus familias quedan afectados por la pérdida de su fuente laboral. Frente a este escenario, remarcó que desde el primer momento el municipio tomó intervención, iniciando contactos con los propietarios de la empresa y articulando acciones junto al gobernador de la provincia y la ministra de Industria, con el objetivo de analizar alternativas que permitan acompañar y amortiguar el impacto de esta situación.
Según explicó, el propio comunicado de la empresa vincula la decisión con el contexto económico nacional y con las políticas que afectan especialmente al sector textil, uno de los rubros más golpeados en todo el país. En ese sentido, recordó que ya durante el año pasado, en conversaciones mantenidas con autoridades provinciales, los responsables de la firma habían manifestado su preocupación por el rumbo de la economía y la falta de competitividad que los dejaba fuera del esquema productivo vigente.
El intendente también señaló que, si bien en otras oportunidades la empresa había optado por suspensiones temporales de la actividad, esta vez la resolución fue mucho más drástica, al tratarse de un cierre total de la planta. Incluso, confirmó que algunos trabajadores ya comenzaron a recibir las notificaciones formales mediante telegramas. Finalmente, aseguró que, siguiendo las directivas del gobernador y en coordinación con el área de Industria, se están realizando gestiones para canalizar el conflicto y lograr una audiencia con el Ministerio de Economía de la Nación, con la esperanza de agotar todas las instancias posibles en defensa del empleo y la producción local.
