La inauguración del Puerto de Ituzaingó, realizada en junio del año pasado por el gobernador Gustavo Valdés, fue presentada como un hito estratégico para el desarrollo productivo del norte correntino. Concebida como la terminal portuaria más grande del norte argentino, la obra apunta a reducir de manera significativa los costos logísticos del sector exportador, en especial de actividades clave como la producción de yerba mate y la industria forestal. Sin embargo, a más de seis meses de aquel acto oficial, el puerto aún no comenzó a operar y crece la preocupación en el ámbito empresarial.
Desde el Gobierno provincial aseguran que el proyecto continúa avanzando, con tareas vinculadas al diseño operativo y la organización interna del predio. Incluso, en los últimos días se realizaron reuniones entre autoridades provinciales y representantes del sector privado para definir el layout del puerto, que contempla la distribución de muelles, accesos, áreas de carga y descarga, servicios y circulación interna. No obstante, referentes de la industria advierten que el principal obstáculo no es técnico ni financiero, sino político.
Así lo expresó Pablo Rigal, gerente forestal de la firma Las Marías, quien señaló que la infraestructura física está prácticamente concluida, pero que falta una definición a nivel nacional que permita completar el marco legal necesario para operar. En particular, mencionó la ausencia de una normativa que habilite el ingreso y uso de barcazas suficientes, incluidas las de origen extranjero, una condición clave para garantizar costos competitivos en el transporte fluvial.
La discusión se vincula directamente con la fallida modificación de la Ley de Marina Mercante, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional y luego rechazada por el Congreso. Esa iniciativa buscaba desregular el transporte por el río Paraná y equiparar el tratamiento de embarcaciones extranjeras con las nacionales, pero fue desestimada por incluir artículos considerados lesivos para derechos laborales y la soberanía. Con la caída de ese decreto, quedó sin efecto una herramienta que, según el sector, hubiera facilitado la operatividad del puerto.
Mientras tanto, el impacto económico de la demora se hace sentir. Desde la industria forestal estiman que cerca del 30% de sus costos actuales corresponden a la logística, y que el uso del transporte fluvial permitiría reducir significativamente esos valores, mejorando la rentabilidad tanto de las empresas como de los productores. A ello se suma el beneficio indirecto de aliviar las rutas de la región, hoy fuertemente deterioradas por el tránsito pesado.
Pese a que aún restan obras complementarias como el dragado y una inversión adicional para completar la puesta a punto, los empresarios coinciden en que el mayor desafío no es la falta de recursos, sino la ausencia de decisiones políticas claras que habiliten la inversión privada y permitan, finalmente, que el Puerto de Ituzaingó comience a cumplir el rol estratégico para el que fue concebido.
