El Gobierno nacional avanzó en una reestructuración de las autoridades argentinas que integran la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), tras una serie de renuncias que obligaron a redefinir la conducción del organismo. A través del decreto 15/2026, publicado en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía formalizó la aceptación de la renuncia de Alfonso Peña al cargo de Director Ejecutivo, función que había asumido en febrero de 2024 mediante el decreto 180/2024.
Lejos de desvincularse de la entidad, Peña continuará desempeñándose dentro de Yacyretá, ya que fue designado como consejero para completar el mandato legal que se extiende hasta el 31 de marzo de 2027, con vigencia desde el 12 de enero. Ingeniero civil egresado de la Pontificia Universidad Católica Argentina, desarrolló una extensa carrera en el sector privado. Durante casi tres décadas trabajó en Decavial S.A.I.C.A.C, donde lideró obras viales e hidráulicas y gestionó proyectos bajo estrictos criterios presupuestarios. Más tarde, entre 2016 y 2020, se desempeñó como gerente general de Cunumi S.A., empresa dedicada a obras de saneamiento, infraestructura urbana y rural, y servicios vinculados al tratamiento de fluidos.
El cargo que deja vacante Peña será ocupado por Diego Luis Adúriz, quien hasta hace pocos días integraba el Consejo de Administración, junto a José Antonio López, otro de los funcionarios que presentó su dimisión. Adúriz, representante de CAMMESA y ex asesor del Ministerio de Economía, fue incorporado al Consejo de la Central Hidroeléctrica en febrero de 2024 y ahora asumirá la conducción ejecutiva hasta enero de 2031. En ese mismo período, el presidente Javier Milei había conformado el equipo de representantes argentinos con Ana Clara Almirón, Facundo Palma y Rodrigo de Arrechea, quienes continúan en funciones.
Además, el Ejecutivo completó el esquema de autoridades con la designación de Manuel Ignacio Chavarría Bertolami como consejero, cargo que ejercerá hasta el 31 de agosto de este año. Todas estas designaciones se realizaron conforme a lo establecido en el Tratado de Yacyretá, firmado por Argentina y Paraguay en 1973, y a las normas que regulan el funcionamiento del Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo.
En paralelo, ambos países avanzaron en mayo de 2025 en un nuevo acuerdo bilateral destinado a garantizar la operatividad y la distribución equitativa de la energía producida por la represa. Este entendimiento, vinculado al avance del proyecto Aña Cuá, busca ordenar aspectos pendientes de la gestión compartida. El acta-acuerdo habilitada por el Poder Ejecutivo argentino establece mecanismos de cesión voluntaria de energía, por los cuales Paraguay tomará en promedio 425 megavatios, permitiendo que Argentina acceda hasta el 85% del total generado, siempre que no exista una mayor demanda paraguaya. Este marco aporta previsibilidad y mejora la planificación energética conjunta, clave para el abastecimiento regional.
