El intendente de San Roque, Raúl Pelozo, formalizó una denuncia penal contra el ex jefe comunal Raúl Hadad, actual diputado nacional, y contra quienes se desempeñaron como responsables del área económica durante la gestión anterior: Erika Paola López, ex secretaria de Finanzas, y Patricia Mabel Ascona, ex tesorera municipal. La presentación judicial se fundamenta en la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y apropiación indebida de tributos.
De acuerdo a lo manifestado por el actual mandatario municipal en declaraciones a medios radiales, la denuncia fue realizada días atrás y posteriormente ratificada ante la Justicia, luego de que se detectara una deuda superior a los 43 millones de pesos con la Dirección General de Rentas de la Provincia. Dicho pasivo estaría vinculado a retenciones impositivas que fueron practicadas pero nunca depositadas durante el último tramo de la gestión anterior.
Pelozo explicó que el Municipio actuaba como agente de retención y que los fondos descontados correspondían a los contribuyentes, por lo que no formaban parte de los recursos propios de la comuna. Según detalló, el monto total adeudado asciende a $43.482.760 e incluye conceptos como Ingresos Brutos y tasas relacionadas con el funcionamiento del frigorífico municipal, que debían ser transferidas al Ministerio de la Producción. Los depósitos, indicó, dejaron de realizarse desde septiembre de 2024, a pesar de que las retenciones figuraban correctamente en la documentación administrativa.
El intendente remarcó que al revisar las cuentas bancarias municipales se constató la ausencia de esos fondos, situación que ahora deberá ser esclarecida por la Justicia. Asimismo, sostuvo que este escenario provoca un perjuicio directo tanto para el Estado municipal como para los vecinos de San Roque, motivo por el cual consideró inevitable avanzar con una denuncia penal, en cumplimiento de su responsabilidad institucional.
Además, Pelozo señaló que se presentaron otras denuncias vinculadas a deudas con empleados municipales, incumplimientos con la ART, pagos presupuestados que no fueron efectivizados, obras públicas inconclusas y una marcada falta de controles internos. En ese marco, confirmó que se lleva adelante una auditoría integral para reconstruir el estado financiero y administrativo del Municipio, cuyos resultados serán puestos a disposición de la Justicia para profundizar la investigación.
