La fiscal María Eugenia Ballará salió a desmentir de manera contundente la información falsa que comenzó a circular en redes sociales y que luego fue replicada por distintos portales provinciales, en relación con el caso de Santiago Recalde. En declaraciones públicas, la funcionaria judicial negó de forma categórica haber ordenado la liberación del sospechoso, tal como fue afirmado erróneamente por un periodista y difundido sin verificación en diversos espacios digitales.
Ballará explicó que recién asumió formalmente la intervención en la causa el día anterior, alrededor de las 18 horas, y que a partir de ese momento se dispusieron todas las medidas procesales correspondientes conforme a derecho. Aclaró además que el sospechoso entregó voluntariamente el vehículo involucrado en el hecho durante la tarde de ese mismo día, el cual fue inmediatamente secuestrado para la realización de las pericias técnicas necesarias.
La fiscal remarcó que, hasta ese momento, no existía una imputación formal, condición indispensable para avanzar con medidas de coerción como una detención o prisión preventiva. En ese sentido, subrayó un aspecto clave del sistema judicial: quien tiene la facultad de ordenar una aprehensión o una liberación es exclusivamente el juez de Garantías, no el fiscal. El rol del Ministerio Público Fiscal es solicitar medidas, pero la decisión final recae siempre en el magistrado.
Asimismo, Ballará explicó que para dictar una prisión preventiva deben darse ciertos supuestos legales, como riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Si bien en el caso podría analizarse la figura de abandono de persona, lo que constituiría un agravante, el sospechoso no se encontraba prófugo, ya que tenía arraigo, permanecía en su domicilio y colaboró con la Justicia entregando el vehículo.
Finalmente, la fiscal advirtió sobre el daño que genera la desinformación, ya sea por desconocimiento o de manera malintencionada, al afectar no solo a las personas involucradas sino también a la sociedad en su conjunto, distorsionando la opinión pública y debilitando la confianza en las instituciones.
