El Gobierno nacional avanza con una estrategia política destinada a acelerar el tratamiento y la aprobación de la reforma laboral en el Congreso. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará durante enero una gira federal con el objetivo de sumar consensos entre los gobernadores considerados “dialoguistas”. El recorrido comenzará este miércoles en la provincia de Chubut y contempla una parada clave en Corrientes, donde mantendrá un encuentro institucional con el gobernador Juan Pablo Valdés.
Esta reunión marcará el primer contacto formal entre Santilli y el mandatario correntino desde que Valdés asumió el cargo el pasado 10 de diciembre. Desde la Casa Rosada consideran central el acompañamiento político de los jefes provinciales para garantizar que los senadores alineados con sus espacios brinden apoyo al proyecto, que el oficialismo busca tratar y obtener media sanción durante el período de sesiones extraordinarias.
Sin embargo, la iniciativa genera reparos en varias provincias. Uno de los principales focos de discusión está vinculado a los cambios propuestos en el Impuesto a las Ganancias y a la reducción de la carga tributaria, medidas que podrían afectar la masa de recursos coparticipables que reciben los distritos. Gobernadores como Valdés analizan con cautela el impacto fiscal que tendría la eliminación de tributos asociados a la venta de inmuebles y la reducción de alícuotas en los tramos más altos del impuesto a las ganancias empresariales.
Frente a este escenario, el Gobierno nacional evalúa mecanismos de negociación para destrabar apoyos. Entre las alternativas se encuentran la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), herramienta ya utilizada recientemente con provincias como Chaco, Misiones y Tucumán, así como la eventual reactivación de obras públicas que permanecen paralizadas desde el inicio de la actual gestión.
La agenda de Santilli incluye también encuentros con gobernadores como Leandro Zdero, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, entre otros. El resultado de estas gestiones será determinante para el tratamiento legislativo previsto para el 10 de febrero y para el futuro de una reforma clave en la agenda del Ejecutivo.
