El pasado 19 de diciembre fue publicado oficialmente el Decreto N.º 2441, una norma que había sido firmada por Gustavo Valdés el día previo a finalizar su mandato como gobernador de Corrientes. A través de este instrumento legal, se dispuso la creación de la Agencia Especial de Inteligencia, un nuevo organismo que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Provincia y contará con un reglamento específico para su funcionamiento.
Dentro de ese marco normativo, el artículo 11 establece la conformación de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE), la cual dependerá de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal de Narco Crimen, Delitos Conexos y Crimen Organizado. Este cuerpo tendrá como finalidad ejecutar operativos de campo vinculados a la investigación de los delitos contemplados en la Ley N.º 6.525, siempre en coordinación directa y bajo la conducción de las autoridades judiciales competentes, respetando los procedimientos previstos en el sistema penal vigente.
Entre las funciones asignadas a la CIOPE se encuentra la realización de operativos especiales, como allanamientos y el desmantelamiento de búnkers utilizados para actividades ilícitas, siempre con autorización judicial. Asimismo, podrá desarrollar tareas de investigación en zonas consideradas vulnerables y en mercados abiertos, aplicar técnicas especiales de investigación previstas por la ley y ejecutar cualquier otra acción requerida por la autoridad judicial en causas vinculadas al narcotráfico, delitos asociados y crimen organizado.
Por otra parte, el artículo 14 del decreto fija criterios estrictos de incompatibilidad para integrar este organismo. Quedan excluidas aquellas personas que posean antecedentes por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos; quienes se encuentren alcanzados por inhabilitaciones estatutarias; y aquellas que hayan sido condenadas, o se encuentren formalmente imputadas, por delitos dolosos. Además, se establece que las áreas encargadas de recolectar y gestionar información deberán extremar las medidas necesarias para garantizar el secreto, la confidencialidad y la protección de la identidad de las personas involucradas.
